Santiago, dos de octubre de
dos mil doce.
Vistos,
oídos los intervinientes y considerando:
PRIMERO:
Que doña ROSA MAGDALENA POLANCO FICA,
empleada, domiciliada en Pasaje Tres número 355, lo Herrera, de Isla de Maipo
interpone demanda en procedimiento de Tutela de derechos fundamentales con ocasión
del despido, nulidad del despido y cobro de prestaciones, en contra de don JOSÉ GABRIEL ROJAS AGUIRRE, Ingeniero
Civil, domiciliado en avenida El Carmen N° 1155, condominio Los Castaños, casa
17, comuna de Huechuraba con el objeto que se declare su derecho al pago las prestaciones que indica.
Funda
su demanda señalando que ingresó a prestar servicios el día 1 de Mayo de 2005, desempeñándose
como Trabajadora de casa particular puertas adentro, percibiendo una
remuneración de $250.000. pesos, indica que su jomada de trabajo comenzaba el
día Domingo a las 22:00 horas, retirándose el día Sábado a las 16:00 horas.
Señala
que sus jefes directos eran don José Rojas y su cónyuge doña Paola Nara Rojas,
quienes le impartían las ordenes, las que consistían fundamentalmente en el
cuidado de los hijos de la familia y atender las labores comunes del hogar,
funciones que desarrollaba en el domicilio particular del demandado, indicado
en la demanda.
Expone
que la relación laboral la mantuvieron en la más absoluta informalidad laboral,
pues su empleador durante todo el tiempo que cumplió labores, se negó a
escriturar su contrato de trabajo. Hace presente además que desde el mes de
Julio del año 2010 y hasta el mes de marzo se le pagó solo la suma de
$120.000.- adeudándosele la diferencia de remuneración por tales meses,
asimismo, señala que su empleador en algunos meses le pagaba mediante cheques
los cuales no pudo cobrar en el banco puesto que estaban sin fondos sin pagarle
posteriormente dichos cheques.
Agrega
que desde que comenzó a prestar servicios nunca se le pagó sus cotizaciones previsionales,
de salud, cesantía ni la indemnización a todo evento establecida en el artículo
163 inciso 7 del Código del Trabajo. señala que además habitualmente el
demandado le solicitaba prestamos en dinero para pagar deudas personales,
agregando que se los devolvería “más tarde” sin embargo nunca le devolvía el
dinero, lo que traía como consecuencia que su remuneración se viera afectada
considerablemente.
Señala
que todo lo relatado lo toleraba ya que existía una relación de confianza, ya
que antes se habría desempeñado en la casa materna de él, agrega que atendido
que sus finanzas personales se vieron corroídas al punto de perder su casa, es
que requiere la intervención de la Inspección del Trabajo a fin de que se fiscalizara
la situación de irregularidad laboral en la que se encontraba.
Luego
que la Inspección del Trabajo intervino el demandado se comprometió a
escriturar su contrato y a pagarle lo que le adeudaba, sin embargo, su
empleador no cumplió, puesto que ante la solicitud de escriturar el contrato, le
respondía con evasivas o simplemente no hablaba del tema. Además no notó un
cambio notable en su disposición como empleador y ninguna intención de cumplir
su obligación de enterar los pagos adeudados.
Señala
que el día 7 de Marzo de 2012, de vuelta de sus vacaciones, su empleador le
comunicó que a partir de aquel momento no requeriría más de sus servicios,
procediendo a despedirla verbalmente y sin aludir causal legal alguna.
Expone
finalmente que la causa de su despido es, haber solicitado la intervención de
la Inspección del Trabajo frente a la falta de cumplimiento de normas laborales
por parte de su empleador y en razón de ello, señala que se ha configurado la situación
descrita en el artículo 485 inciso tercero del Código del Trabajo, siendo el
objetivo de su empleador al despedirla, el tomar una represalia contra la
demandante, por haber ejercido las acciones tendientes a proteger sus derechos
laborales.
Solicita
en definitiva se declare que se han vulnerado sus derechos fundamentales y se
condene al demandado a pagarle las siguientes
prestaciones
1.- $3.120.000.- por
concepto de diferencias de remuneraciones impagas por los meses de Junio de
2010, hasta el mes de Marzo de 2011.
2.- $2.750.000.- por
concepto de indemnización correspondiente a once meses de la última
remuneración mensual, acorde al artículo 489 del Código del Trabajo.
3.- $250.000.- por
concepto de 30 días de remuneración como indemnización sustitutiva de aviso
previo.
4.- $842.550.- por
concepto de aporte de 4,11% por todo el periodo trabajado (82 meses)
5.- $142,857.- por
concepto de feriado proporcional.
7.- (sic) Imposiciones
impagas por todo el periodo trabajado.
8.- Remuneraciones y
cotizaciones previsionales por todo el período comprendido entre la separación
de las funciones y hasta la fecha en que se convalide el despido, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 162 incisos 5, 6 y 7 del Código del
Trabajo o hasta la dictación de sentencia definitiva.
En
subsidio de lo señalado precedentemente interpone demanda por despido injustificado,
nulidad del despido y cobro de prestaciones en contra don JOSÉ GABRIEL ROJAS
AGUIRRE, ya individualizado en base a los mismos argumentos ya reseñados,
solicitando en definitiva se declare que su despido no se ha ajustado a derecho
y que el demandado le adeuda las siguientes prestaciones:
1.- $3.120.000.- por
concepto de diferencias de remuneraciones impagas por los meses de Junio de
2010, hasta el mes de Marzo de 2011.
2.- $250.000.- por
concepto de 30 días de remuneración como indemnización sustitutiva de aviso
previo.
3.- $842.550.- por
concepto de aporte de 4,11% por todo el periodo trabajado (82 meses)
4.- $142,857.- por
concepto de feriado proporcional.
5.- Imposiciones
impagas por todo el periodo trabajado.
6.- Remuneraciones y
cotizaciones previsionales por todo el período comprendido entre la separación
de las funciones y hasta la fecha en que se convalide el despido, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 162 incisos 5, 6 y 7 del Código del Trabajo
o hasta la dictación de sentencia definitiva.
SEGUNDO: Que la demandada no obstante encontrarse
legalmente notificada de la acción impetrada en su contra, no contestó en
tiempo y forma la demanda.
TERCERO: Que se llevó a efecto la audiencia preparatoria,
oportunidad en que el Tribunal procedió a recibir la causa a prueba, fijando
los siguientes hechos a probar:
- Existencia
de una relación laboral entre las
partes, fecha de inicio, hechos y circunstancias que así lo demuestren.
- Si
el demandado puso fin a la relación laboral existente entre las partes con fecha 7
de marzo del 2012, verbalmente y sin causa
legal alguna.
- Si
el actor hizo un reclamo ante
- Si
el demandado enteró las cotizaciones de seguridad social y aporte del
4,11%.
- Remuneración
pactada y pagada a la demandante, a partir de julio de 2010.
- Si
el demandado solucionó el feriado proporcional.
CUARTO: Que en orden a acreditar los fundamentos de su
pretensión la parte demandante ofreció e incorporó en las audiencias
respectivas las siguientes probanzas:
DOCUMENTAL:
Consistente en:
1.
Presentación de
reclamo 8 de marzo de 2012.
2.
Acta comparendo
de conciliación de fecha 20 de abril de 2012.
3.
Acta comparendo
de conciliación de fecha de fecha 19 de
junio del 2012.
4.
Comprobante de
ingreso de fiscalización, de fecha 24
de enero de 2012.
5.
Informe de
exposición, de fecha 17 de abril de 2012.
6.
Certificado
histórico de cotizaciones previsionales de AFP Capital, de fecha 20 de junio de
2012.
7.
Cartola de cotizaciones de salud, emitido por Fonasa,
de fecha 20 de junio de 2012.
8.
Cartola de cuenta ahorro de la actora del Banco Estado.
9.
Set de
cheques del Banco Santander, serie
USP 1001246 de fecha 8 de Noviembre de de 2008, por la suma de $76.000; cheque con
orden de no pago, serie HI-000 1178 724, emitido por Gabriel Rojas
Aguirre, a doña Rosa
Polanco Fica, de fecha 5 de julio de 2008, por la suma de $ 350.000;
cheque con orden de no pago serie
HSP 0001141-340, emitido por Gabriel
Rojas Aguirre, a doña Rosa
Polanco Fica , con fecha 6 de mayo de 2008, por la suma de $500.000; cheque con orden de no pago, serie
HFN 0001340 189, emitido por Gabriel Rojas Aguirre, a doña
Rosa Polanco Fica, con fecha 6 de abril
de 2009 por la suma de $200.000; cheque
protestado serie HI-0001261530, emitido por don Gabriel Rojas Aguirre a
don Daniel, apellido ilegible con fecha
7 de diciembre de 2008, por $20.000.
TESTIMONIAL,
consistente en las declaraciones de:
- don Flavio
Esteban Alvarado Navarro Rut, 10.585.281-9
- don
Arcadio Segundo Aguilar Muñoz Rut, 8.018.422-0
QUINTO: Que atendido el
mérito de los antecedentes y teniendo especialmente presente que, en la especie,
la demandada no contestó el libelo deducido en su contra y en uso de la
facultad contenida en el artículo 453 N°1, inciso séptimo del Código del
Trabajo, se tendrán como tácitamente admitidos los siguientes hechos:
1.- La existencia de la relación laboral
habida entre la actora y la demandada a partir del 1° de mayo de 2005.
2.- Que la actora prestaba sus servicios
como trabajadora de casa particular puertas adentro.
3.- Que la actora percibía una remuneración
ascendente a la suma de $250.000.-
4.- Que la demandante fue despedida verbalmente
por la demandada con fecha 07 de marzo de 2012, sin invocación de causal legal
alguna.
Hechos que se han visto ratificados
mediante:
1.
Comprobante de ingreso de fiscalización de fecha 24 de enero de
2012, en el cual consta que la actora denuncia el no pago de cotizaciones
previsionales y remuneraciones respecto del domicilio de Los Castaños Casa 17,
Huechuraba (domicilio de la demandada señalado en la demanda).
2.
Informe de Exposición de fecha 17 de abril de 2012 en el cual
aparece como denunciado el demandado, y que deja constancia de que se hizo
fiscalización de las materias denunciadas en el numeral 1. Además se constató
que la dueña de casa reconoce relación laboral con la actora, pero dice que la
documentación la tiene su marido, el demandado. También se indica que menciona
abandono de trabajo el día 25 de febrero de 2012.
3.
La declaración del testigo de la actora Flavio Alvarado, guardia
de seguridad, quien sostiene que la demandante se desempeñaba en calidad de
trabajadora de casa particular puertas adentro para el demandado (Gabriel
Rojas) desde el año 2005 hasta el año 2012, percibiendo una remuneración de
$250.000.-, lo que le consta al testigo Alvarado por haber trabajado éste en el
condominio donde residía el demandado desde el año 2007 hasta el 20 de enero de
2012, y además por los dichos de la actora. Agrega que la actora dejó de
trabajar porque le quedaban debiendo sueldo. Contrainterrogado señala que sabe
del despido porque sigue en contacto con la actora.
4.
La declaración de testigo de la actora Arcadio Aguilar, guardia
de seguridad, quien sostiene que la demandante se desempeñaba en calidad de
trabajadora de casa particular puertas adentro para el demandado (Sr. Gabriel Rojas) en el año 1995 y después desde
el año 2005 hasta el año 2012, percibiendo una remuneración de $250.000.-, lo
que le consta al testigo Alvarado por los dichos de la actora. Agrega que la
actora dejó de trabajar porque le quedaban debiendo sueldo. Contrainterrogado
señala que no sabe cuándo fue la actora a la Inspección del Trabajo.
5.
Acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo de fecha 20 de
abril de 2012, donde consta que la actora reclamó de su despido el 08 de marzo
de 2012, vale decir, al día siguiente de haberse producido éste, lo cual
conforme las máximas de la experiencia constituye un poderoso indicio de la
efectiva concurrencia del despido de carácter verbal alegado.
Así las cosas, analizada la prueba
producida por la actora, en primer término se cuenta con prueba directa de la
existencia de la relación laboral habida entre las partes como lo son la
declaración del testigo Flavio Alvarado (testigo presencial del hecho), y el
reconocimiento expreso que efectúa la cónyuge del demandado ante el
fiscalizador actuante en visita inspectiva efectuada al domicilio del demandado
(vid. Informe de Exposición de fecha 17 de abril de 2012).
Asimismo, se cuenta con prueba indirecta
del hecho del despido como lo son el acta de comparendo ante el órgano
administrativo (tal como se explicitó en el numeral 5 anterior), y la
declaración del testigo Flavio Alvarado (testigo de oídas del hecho) quien contrainterrogado señala que
“sabe del despido porque sigue en contacto con la actora”.
SEXTO: Que respecto de la demanda principal de tutela
laboral la actora ha sostenido que su despido habría obedecido a un acto de
represalia por parte de su empleador en atención al hecho de haber solicitado
una fiscalización al ente administrativo.
Sin
embargo, del examen de la prueba rendida si bien resulta ser efectiva la
petición de fiscalización (vid. Comprobante de ingreso de fiscalización de
fecha 24 de enero de 2012), no se ha
aportado antecedente alguno con el fin de justificar un nexo causal entre la
acción fiscalizadora y el despido, razón por la cual se rechazará la demanda
principal de tutela laboral por improcedente.
SÉPTIMO: Que acreditada la relación laboral como se ha
dicho y desde el momento en que no se ha producido por la demandada, como era
de su cargo, pruebas destinadas a justificar que el demandante incurrió en
hechos que justifiquen el término de la relación laboral, este sentenciador no
puede sino concluir que la misma terminó por una declaración unilateral de
voluntad de la demandada, debiendo darse lugar a la demanda en lo relativo a la
indemnización sustitutiva del aviso previo.
OCTAVO: Que respecto del cobro de diferencias de remuneraciones por los
meses de junio de 2010 hasta marzo de 2011, era de cargo de la demandada probar
su pago íntegro, sin embargo no presentó prueba al efecto, por lo que se
ordenará su cancelación, pero con la limitación que se señala abajo.
Al respecto se debe considerar que la
remuneración alegada por la actora asciende a la suma de $250.000.-, por lo que
lo devengado por el período cobrado de 10 meses asciende en su totalidad a la
cantidad de $2.500.000.- Sin embargo se demanda la suma de $3.120.000.-, lo
cual evidentemente constituye un error.
Seguidamente, reforzando la tesis del
error, la propia actora ha señalado en su demanda que desde el mes de Julio del año 2010 y hasta el mes de
marzo se le pagó solo la suma de $120.000.- adeudándosele la diferencia de
remuneración por tales meses, conforme con ello debe entenderse que la
diferencia mensual demandada corresponde a la suma de $130.000.- (resultado del
monto de la remuneración menos la cantidad reconocida como pagada) y que por el
lapso de 10 meses cobrados corresponde a
la suma de $1.300.000.-, por lo que se limitará a tal cantidad el pago de la
prestación en análisis.
NOVENO: Que en cuanto al aporte de 4,11% demandado, no
habiéndose acreditado el entero de su importe en la AFP, se condenará a la
demandada a su cancelación por todo el período trabajado.
DÉCIMO: Que no habiéndose acreditado por el demandado el
pago del feriado proporcional, deberá acogerse la demanda a este respecto.
UNDÉCIMO: Que en lo que respecta a las imposiciones cuyo
pago demanda el actor, éste deberá ejercer la acción del art. 4º de la Ley Nº
17.322.-
DUODÉCIMO: Que al momento del despido, si bien la
demandada no acreditó que las cotizaciones previsionales del trabajador se
encontraran pagadas, cabe tener presente la reiterada jurisprudencia de la
Excma. Corte Suprema, en orden a que la sanción del inciso séptimo del artículo
162 del Código del Trabajo, sólo se aplica a aquel empleador que ha retenido y
no ha enterado completamente las cotizaciones previsionales, por cuanto sólo en
la sentencia constitutiva se ha establecido que la relación entre el que
prestaba servicios y el que los recibía, era de carácter laboral, por lo que
siendo este el caso de autos, se rechazará la pretensión antedicha.
DÉCIMO TERCERO: Que para los efectos del cálculo de las prestaciones
que se ordenará pagar se tendrá por remuneración mensual del trabajador la suma
de $250.000.- por haberse tenido tal hecho como tácitamente admitido y además de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 del Código del Trabajo en orden a
que “la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones
del contrato las que declare el trabajador”.
DÉCIMO CUARTO: Que se hace presente que sin
perjuicio de haber sido analizada la demás prueba rendida conforme las reglas
de la sana crítica, ésta en absoluto aporta algún antecedente que altere la
convicción alcanzada por el Tribunal ya referida en la considerativa
anterior.
Y visto lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9, 63, 73, 162, 168, 173, 445, 453, 454, 456, 457,
459 y 461 del Código del
Trabajo, 1698 del Código Civil, se resuelve:
1.- Que ha lugar a la demanda subsidiaria
en cuanto se declara injustificado el despido del actor doña ROSA MAGDALENA POLANCO FICA,
condenándose a la demandada don JOSÉ
GABRIEL ROJAS AGUIRRE a pagar las siguientes prestaciones:
a) $1.300.000.- por diferencias de
remuneraciones por los meses de junio de 2010 hasta marzo de 2011.
b) $250.000.- por indemnización
sustitutiva del aviso previo.
c) $842.550.- por aporte de 4,11% por todo el periodo
trabajado.
d) $142.857.- por feriado proporcional.
2.- Que las sumas antes señaladas
deberán reajustarse de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 63 y 173 del
Código del Trabajo.
3.- Que en lo que respecta a las imposiciones,
deberá el actor ejercer, en alguna de sus formas, la acción del art. 4º de la
Ley Nº 17.322.-
4.- Que no ha lugar a la demanda
principal de tutela laboral y a lo demás pedido.
5.- Que cada parte pagará sus costas.
Regístrese en el sistema informático y notifíquese a las
partes en la diligencia fijada al efecto.
RIT : T-303-2012
RUC : 12-4-0021857-7
PRONUNCIADA POR DON MIGUEL JIMÉNEZ
FARÍAS, JUEZ SUPLENTE DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO.
En Santiago a dos de octubre de dos mil doce, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.
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